La Plataforma Estatal por la Escuela Pública rechaza que se realicen reformas en la universidad sin que exista un consenso previo con la comunidad universitaria y apoya sus movilizaciones de los próximos días

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Los cambios legislativos que nos ha impuesto comenzaron en 2012 con una modificación de la Ley Orgánica de Universidades vía Real Decreto-Ley que aumentó los precios de las matriculas para acercarlas al coste real de los estudios, subiéndolos significativamente en muchas comunidades; estableció una nueva regulación de la dedicación docente del profesorado e incorporó varias reglas para que las comunidades autónomas limiten y controlen el gasto de las universidades.

Continuó fijando nuevos requisitos para la concesión de becas y ayudas al estudio e implantando una fórmula de cálculo que implica la disminución de sus cuantías. Además, las sucesivas leyes de presupuestos generales del estado y de las comunidades autónomas establecieron nuevos recortes en los fondos destinados a becas y a transferencias corrientes para las universidades, e impusieron nuevas limitaciones para la contratación de personal con la imposición de una ridícula tasa de reposición, produciendo un envejecimiento de la plantilla universitaria.
También ha cambiado el sistema de acceso del alumnado a la universidad, y, en los últimos meses de su mandato, además de modificar la ordenación de las enseñanzas universitarias, se  plantea hacer lo mismo con los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.

Las organizaciones firmantes de este manifiesto rechazan estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas de servicios educativos.

No podemos aceptar una reforma que se ha aprobado sin evaluar  los nuevos grados que comenzaron a implantarse en 2007 en el marco del Plan Bolonia y que, lejos de facilitar la internacionalización de los estudiantes homogeneizando la duración con los estudios de los países de nuestro entorno, generará nuevas disfunciones porque, como señala el Consejo de Estado en su dictamen, “Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del proyecto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra”. Esto podría incrementar todavía más las desigualdades entre comunidades y entre universidades de la misma comunidad.
Además, si tenemos en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas, estas transformaciones dificultarán el acceso a la Educación Superior al alumnado con menos poder adquisitivo y, a la postre, ocasionará una disminución significativa del número de estudiantes universitarios. La nueva estructura de grado y máster reducirá en un 25% los títulos de grado, empeorando la calidad docente y abriendo las puertas a nuevos recortes en profesorado y personal de administración y servicios.

Por otro lado, la reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de alumnos tendrá un impacto negativo en la financiación de las universidades públicas, dando lugar a una reconversión del sector que beneficiará a las universidades privadas, que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad.

Las organizaciones firmantes de este comunicado rechazan las reformas del Gobierno y piden a la ciudadanía que se sume al rechazo participando en las movilizaciones convocadas para los próximos días en defensa de la Universidad pública.

NO AL 3+2 QUE ENCARECE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EXPULSARÁ AL ALUMNADO CON MENOS PODER ADQUISITIVO

NO A LA DESREGULACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE CENTROS Y UNIVERSIDADES

NO A UN SISTEMA QUE PERMITE UNA ACREDITACIÓN MENOS OBJETIVA Y SIN DEMOSTRAR EXPERIENCIA DOCENTE

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